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lunes, 14 de mayo de 2012

VIOLENCIA Y AUTONOMÍA

La Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) es catalogada como la más violenta del país según informe presentado por la Policía Nacional en la reunión de mandos celebrada hace pocos días. En la RAAS se dieron en el último año 42.7 muertes por cada 100 mil habitantes, cifra superior en un 255% en relación al promedio nacional (12) y similar al índice alcanzado en la Republica de Guatemala según dicho informe. Esos datos son alarmantes, pero busquemos sus causas en la realidad histórica, política, social y económica que vive la RAAS y todo el Caribe Nicaragüense.

A los habitantes de la Costa Caribe de Nicaragua históricamente nos han mantenido en el abandono. Las cifras que revelan organismos internacionales de prestigio sobre niveles educativos, acceso a servicios de salud, energía eléctrica, empleo digno, acceso a vivienda y seguridad alimentaria, son una verdadera violación a nuestros derechos humanos, una vergüenza para la nación. Ningún gobierno, de derecha o izquierda, ha logrado mejorar estas condiciones para que disfrutemos  una vida digna. Nicaragua, a pesar de reconocerse como multiétnica, pluricultural y multilingüe, viola constantemente los derechos consignados en la Constitución Política y Ley de Autonomía.

No nos dejan vivir en paz, se irrespetan nuestras formas ancestrales de autogobierno, nuestras tradiciones y costumbres en el uso y usufructo de la tierra y nuestros bosques no son respetados. Testaferros de “geófagos” penetran cada vez más en los territorios demarcados a través de la Ley de Tierras, corrompiendo las estructuras comunitarias con el fin de extraer madera preciosa mediante una red que se eleva hasta las altas esferas económicas del país, provocando altos niveles de conflictividad  entre comunidades y familias que culminan en actos de violencia, balaceras y matanzas.

La riqueza de las Regiones Autónomas es mal lograda. Los recursos marinos, mineros,  madereros, el potencial turístico, la cercanía con otras naciones Caribeñas, la ruta hacia los mercados por medio de mar Caribe, nunca han sido objeto de un verdadero Plan de Nación a través del cual se priorice su usufructo en función de la mejoría en las condiciones de vida sus habitantes. Grandes agentes económicos, nacionales e internacionales, actúan irresponsablemente guiados únicamente por la avaricia, ocasionando daños ambientales y empobreciendo a los pueblos del Caribe mediante triquiñuelas y soborno de las autoridades regionales con el consentimiento de las instituciones del Estado. Una Región llena de riquezas con un pueblo empobrecido, hambriento, abandonado por siglos es una de las mayores injusticias que se comenten en Nicaragua. En esta realidad lacerante encontramos explicación a la violencia impune que vive la región.

Tenemos una Ley de Autonomía, una Autonomía de papel. Nada de lo que contempla se cumple como soñaron sus impulsores y las nuevas generaciones. Los grandes partidos políticos tradicionales, en su ambición por ostentar el poder, vienen y manosean a su gusto y antojo las estructuras de gobierno en las Regiones Autónomas y a los Consejos Regionales; la mayoría de los miembros de estas instituciones tienen la mirada puesta en Managua, esperando las señales de los poderosos en lugar de ver la miseria de sus pueblos para actuar. Los concejales regionales son llamados por la población “cobra cheques” por su inoperancia y las elecciones de los mismos no tienen los niveles de participación que deberían de tener, no existe entusiasmo, los sueños se van perdiendo, se esfuman con el paso del tiempo.

La Autonomía continúa siendo un sueño inconcluso, fue sustituida por la injustica, la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que viven en la zozobra, en el acoso constante de los narcotraficantes que circulan por las costas y las autoridades que los persigue en el cumplimiento del deber. Se transformó de un mundo multicolor, el logro de la unidad en la diversidad  se convirtió en el mundo gris, opaco, el mundo del miedo, la inseguridad y la violencia. De pueblos triunfantes y llenos de orgullo nos hemos convertido en víctimas de la exclusión, de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a tal grado que se nos da el mote de narcotraficantes, drogos y delincuentes. Por el color de nuestra piel, forma de hablar y vestir somos objeto de marginación, trato de segunda, de un racismo solapado que impregna a toda la sociedad.

Los Caribeños, al igual que en el pasado, debemos enarbolar nuestra lucha histórica, nuestros sueños ancestrales de paz, libertad y autodeterminación presionando a las autoridades Regionales, al gobierno Central y Asamblea Nacional con el fin de definir una política Regional de Seguridad y Convivencia acorde a nuestra realidad que deje de convertirnos en victimas y nos indemnice por los daños históricos que hemos sufrido. De lo contrario, se perderá en la batalla contra la exclusión, crimen organizado y narcotráfico.


Ronald Hill A.
La Colina
Nueva Guinea, RAAS
Viernes, 11 de mayo de 2012

jueves, 7 de abril de 2011

TRES MUNICIPIOS, UN DIPUTADO

En el año 2003 escribí un artículo de opinión titulado: Lo que merece la Costa. Señalaba que “los costeños no tenemos los representantes que deberíamos en el Legislativo considerando nuestra población. La RAAS debería tener al menos seis diputados en la Asamblea Nacional, si nuestra población es mayor a los 340 mil habitantes, casi igual a León y Chinandega”. Y continúo afirmándolo pero en otro contexto.

El decreto No. 15-2011 publicado en La Gaceta, Diario Oficial el 5 de abril del 2011 en su primer considerando se refiere a la Ley No. 331 “Ley Electoral” que establece en el articulo 141 que la elección de los setenta (70) de los noventa (90) diputados ante la Asamblea Nacional se hará por circunscripciones departamentales y de las Regiones Autónomas y que el número de diputados determinado en dicho artículo se sustenta en el principio de proporcionalidad de conformidad con el número de electores por suscripción electoral.

En el segundo considerando se indica que el decreto No. 33-2001 “De reincorporación de Municipios a la Región Autónoma Atlántico Sur y al departamento de Río San Juan” publicado en La Gaceta No. 61 del 27 de marzo de 2001; rompe el principio de proporcionalidad establecido en la Ley Electoral, ya que con menos electores mantiene tres (3) Diputados en el Departamento de Chontales y con mayor número de electores solo dos Diputados en le Región Autónoma del Atlántico Sur.

El tercer considerando establece que el Presidente de la Republica está facultado para determinar la incorporación de los municipios a sus respectivas regiones o departamentos en su caso todo ello en el marco del artículo 8 de la Ley No. 137 de Reforma a la División Política Administrativa publicada en La Gaceta No. 231 del 6 de diciembre de 1991.

En base a estos considerandos dicta el Decreto de Reincorporación de Municipios al Departamento de Chontales estableciendo en el artículo 1 que los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea se reincorporan a dicho departamento para su administración, sujetos a su jurisdicción.

Esta medida resulta coyuntural. Si en realidad existe el interés de garantizar el número de diputados bajo el principio de proporcionalidad en relación al número de electores lo idóneo seria modificar la Ley Electoral y garantizarle a la RAAS los diputados que se merece en base a su población. Arnoldo Alemán trasladó los municipios en cuestión a la RAAS con el decreto No. 33-2001 quedando no solo bajo su administración y jurisdicción, sino bajo el régimen de autonomía que rige la Costa Caribe pero estos nunca fueron reconocidos por el Consejo Regional Autónomo de la RAAS. De hecho, la medida buscaba como garantizar réditos políticos garantizándose en dicha Región los votos de estos tres municipios, liberales por tradición, para obtener los diputados de su partido en la Asamblea Nacional.

Nuevamente vemos que el gobierno, en base al decreto 15-2011, traslada los tres municipios al departamento de Chontales para que esos votos liberales no se cuenten en la RAAS apostando con dicha medida que obtendrá al menos un diputado de su partido como representante de dicha Región en los resultados de las elecciones generales del próximo mes de noviembre.

Más allá de estas medidas coyunturales, la población de los municipios de El Rama, Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes requieren estabilidad jurídica y legal en el marco de la división política y administrativa del país. El territorio llamado Zelaya Central es un reto al proceso autonómico pero tal parece que su problemática nunca tendrá solución con esta nueva medida que lesiona el proceso autonómico. Como dice un amigo “no avanzamos, estamos hartos que nos pastoreen como a las vacas, andamos de potrero en potrero a conveniencia del patrón”.

La Colina
Nueva Guinea, RAAS
Jueves, 07 de abril de 2011

domingo, 21 de noviembre de 2010

ZELAYA CENTRAL: UN RETO AL PROCESO AUTONOMICO

Una de las zonas más ricas de la RAAS está conformada por los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes, El Ayote y Nueva Guinea. La riqueza se materializa en la actividad económica y en su población, la mayoría mestizos que han emigrado desde los años cincuenta hacia esta zona del país. Siempre fueron parte del departamento de Zelaya, vigente de 1930 a 1987 cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Durante el período 1982 a 1987 formaron parte de la Zona Especial II y pasaron a llamarse Zelaya Central por las autoridades nacionales y de la Región V.

La lógica de esta nomenclatura territorial fue forzada principalmente por ser escenario de guerra con amplia base de apoyo y sustento de la Resistencia, además de la gran dispersión territorial, la cultura campesina, la distancia e incapacidad de ser atendidas por la Zona Especial II cuya cabecera era Bluefields. Resultaba más lógica su atención desde Juigalpa, sede la Región V.

Al ser aprobado el Estatuto de la Autonomía, en 1987, se estableció en el título VI, artículo 42, que “las zonas que se encuentran actualmente bajo otra jurisdicción se incorporarán a su respectiva Región Autónoma a medida que las circunstancias lo permitan y que éstas sean definidas y determinadas por la Región Autónoma respectiva en coordinación con el Gobierno Central”.

Desde que se aprobó el Estatuto de la Autonomía hasta la fecha han transcurrido 23 años y tal parece que no se han dado las circunstancias para que los municipios de la zona llamada Zelaya Central se incorporen a la RAAS, lo que ha generado diferentes propuestas de separación.

En 1996 se presentó en la Asamblea Nacional la iniciativa para constituir el departamento 17 del país llamado Departamento de Zelaya Central, lo que no tuvo, por parte del Ejecutivo y la Asamblea Nacional la aceptación debida y hoy duerme en los archivos de la Comisión de Defensa y Gobernación.

Recientemente se ha resucitado dicha propuesta con el nombre de Sub-Región de Zelaya Central aglutinando a los mismos municipios y se argumenta para su creación la falta de atención por parte de la RAAS, la cultura mestiza y campesina de su población, el potencial productivo de los mismos. Y descaradamente los políticos de estos municipios juegan con sentimientos xenófobos aduciendo que “los negros no nos pueden gobernar porque no piensan como nosotros, que no comemos rondón ni coco, son haraganes y corruptos". 

Esta nueva propuesta ha transitado hasta culminar con la ambición de ciertos diputados de la RAAS de crear una Tercera Región Autónoma de la RAAS llamada Región Autónoma de Zelaya Central, aduciendo los mismos planteamientos para obtener su reelección.

La autonomía es política, como establece su Reglamento, y esto implica la facultad de elegir a sus propias autoridades mediante el voto universal, igual, directo, libre y secreto. A la igualdad ante la ley se le suma la igualdad de oportunidades. Se asume que para que las personas tengan capacidad real de elección e intervención en igualdad de condiciones no basta con afirmarlo formalmente, hay que generar sus condiciones de posibilidad. El Consejo Regional las puede crear estableciendo una resolución, por mayoría plena de sus miembros, que permita a estos municipios tener consejeros que pueden ser nombrados directamente por los consejos municipales, bien a los mismos concejales o los que el gobierno municipal determine con la participación activa de la sociedad civil de cada municipio. Los costes de inserción de éstos pueden ser asumidos por los gobiernos municipales de manera transitoria. La representación en el Consejo Regional de la RAAS ya no sería únicamente por grupos étnicos sino también por territorios, es decir que de los 45 concejales al menos ocho de ellos serían representantes de los municipios de El Rama, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes y El Ayote, nombrando al menos a dos cada uno.

El Consejo Regional de la RAAS, los gobiernos municipales y el Gobierno Central deben lograr acuerdos y elaborar una propuesta para que en las próximas elecciones de autoridades regionales se logre concretar una elección con la participación activa de todos los ciudadanos, en el marco de la Ley Electoral, la cual debe ser reformada para tal efecto. Solamente así se lograría la integración real de estos municipios y la RAAS sería fortalecida en lo territorial, político, social y económico propiciando mayores espacios para desarrollar un buen gobierno y la gobernabilidad democrática que los ciudadanos aspiramos, por el futuro de las nuevas generaciones.
http://hillron.mediashare.com/?selectedalbum=hillron492589

Ronald Hill A.
La Colina
hillron@hotmail.com
Nueva Guinea, RAAS